La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima adelanta un análisis técnico sobre los retos del actual modelo de financiación de las instituciones de educación superior públicas. La propuesta plantea que el presupuesto universitario no debería calcularse únicamente a partir del número de estudiantes, sino considerar también factores como calidad, investigación, innovación, bienestar, regionalización, infraestructura científica y apropiación social del conocimiento.

Hablar de financiación universitaria suele llevar la conversación hacia una pregunta aparentemente sencilla: ¿de dónde sale la plata para que funcione una universidad pública? Sin embargo, detrás de esa pregunta hay un sistema en el que intervienen recursos nacionales y territoriales, metas de cobertura, costos laborales, investigación, infraestructura, bienestar y las nuevas exigencias que enfrenta la educación superior.

Ese es precisamente uno de los debates que la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima viene abordando a través de un análisis técnico que busca aportar elementos para discutir un posible nuevo modelo de financiación de las universidades públicas en Colombia.

El profesor Alejandro Javier Gutiérrez, decano de esta Facultad, explicó en entrevista con Radio Universidad del Tolima que la discusión comenzó a tomar forma a partir de conversaciones entre docentes y posteriormente se convirtió en una propuesta que ha sido llevada a escenarios académicos nacionales e internacionales.

Un modelo construido para otra época

Uno de los puntos de partida del análisis es que buena parte de las reglas que han orientado la financiación y el funcionamiento de las universidades públicas fueron diseñadas en contextos diferentes a los actuales.

En el caso del régimen salarial docente, el Decreto 1279 de 2002 establece los factores para la asignación de puntos salariales, entre ellos títulos, categoría académica, experiencia calificada y productividad académica. La norma también contempla reconocimientos asociados a diferentes productos de productividad científica y académica.

Por su parte, la Ley 30 de 1992 organiza el servicio público de la educación superior en Colombia.

Para Gutiérrez, el problema aparece cuando esas reglas se enfrentan a una universidad que hoy tiene responsabilidades que hace tres décadas tenían otra dimensión.

“Entonces, como las normas están un poco desactualizadas frente a los panoramas que hoy tenemos del siglo veintiuno, lo primero que tenemos que hacer es exponernos, a asumir parte de esos desafíos”.

El planteamiento de la Facultad parte entonces de una idea central: la universidad del siglo XXI no puede financiarse únicamente con las mismas variables con las que se pensó la universidad de décadas anteriores.

¿Más estudiantes significa necesariamente más financiación?

Uno de los principales puntos señalados por el decano está relacionado con la manera en que se mide la cobertura.

La Universidad del Tolima atiende actualmente a cerca de 30.000 estudiantes, según lo señalado durante la entrevista, y esa expansión implica mayores necesidades en infraestructura, talento humano, bienestar, tecnología, investigación y otros servicios universitarios.

El problema, explica Gutiérrez, aparece cuando las metas de cobertura crecen a un ritmo diferente al de los recursos disponibles.

Según el decano, los incrementos en costos como salarios, servicios e infraestructura no necesariamente avanzan en la misma proporción que las transferencias o recursos destinados a las universidades.

“Las metas más los indicadores macro y microeconómicos que tiene el país, pues no realmente reflejan el cubrimiento de las metas”, señaló.

Para la propuesta que se viene construyendo desde la Universidad del Tolima, esto obliga a cambiar la pregunta: no se trataría solamente de cuántos estudiantes tiene una universidad, sino de cuánto cuesta garantizarles una educación pública de calidad.

Gratuidad: un derecho que también necesita financiación

Otro de los elementos que entra en esta discusión es la gratuidad educativa.

La Universidad del Tolima ha tenido un papel destacado en la implementación de mecanismos de gratuidad para estudiantes y, de acuerdo con el decano, esta política debe mantenerse acompañada de una planeación financiera que permita sostenerla en el tiempo.

“La gratuidad versus la capacidad de cobertura sin detrimento de la calidad, debe ser un ancla”.

La discusión, entonces, no estaría planteada como una oposición entre gratuidad y calidad, sino en cómo garantizar ambas.

Aumentar el número de estudiantes implica aumentar también las capacidades institucionales para atenderlos. Y eso incluye profesores, laboratorios, bibliotecas, infraestructura tecnológica, bienestar, investigación y condiciones adecuadas para la formación.

¿Y qué pasa con la investigación?

Aquí aparece uno de los puntos más fuertes del análisis de la Facultad.

El profesor Gutiérrez plantea que el sistema actual reconoce diferentes productos de investigación y productividad académica, pero la pregunta que queda abierta es de dónde salen los recursos para producir esos resultados.

Patentes, modelos de utilidad, desarrollo de software, publicaciones científicas, libros y otros productos académicos requieren tiempo, equipos, desplazamientos, procesos de investigación y recursos económicos.

“La pregunta que yo haría es y de dónde salen los recursos? Claro, los profesores y los estudiantes muchas veces, mire, yo les voy a poner el caso, muchas veces han tenido que cofinanciar porque las partidas presupuestales son tan limitadas en temas de innovación, ciencia y tecnología que han tenido que financiar precisamente ir a representarnos en eventos internacionales, en publicación de artículos y de libros. Y eso no debería estar pasando”.

Para la Facultad, la financiación debería reconocer de manera más directa esa capacidad de generar conocimiento, innovación y transferencia hacia el sector productivo y los territorios.

Universidad, empresa y Estado: conectar los recursos

La propuesta también plantea una mayor articulación entre diferentes entidades del Estado.

Gutiérrez considera que los recursos destinados a educación superior, ciencia, tecnología, innovación, planeación y transformación digital podrían tener mayores niveles de articulación para evitar que cada sector trabaje de manera aislada.

“Ahí tendría que haber, porque cuando uno mira estas carteras y me faltarían por dictar otras otras carteras de la rama ejecutiva, muchas veces lo que hacen es ejecutar recursos que perfectamente lo pueden hacer para el fomento de la innovación, ciencia y tecnología basada en los nuevos retos de la educación superior”.

La idea es avanzar hacia un modelo de relación entre universidad, empresa y Estado, en el que las instituciones de educación superior puedan participar de manera más activa en proyectos de innovación, formación y desarrollo territorial.

Pero el planteamiento no se queda únicamente en la tecnología.

Financiar también el impacto en los territorios

Para la Universidad del Tolima, una discusión sobre financiación también tiene que considerar su carácter regional.

La institución tiene presencia y proyecta ampliar su presencia en diferentes zonas del departamento. En ese escenario, el decano plantea que la financiación debería reconocer la capacidad de las universidades para transferir conocimiento y generar procesos de innovación, ciencia, tecnología y proyección social en los territorios.

“Yo cómo le transfiero conocimiento y genero espacios de innovación, ciencia y tecnología con estos públicos. Me pasará lo mismo en el norte cuando tengamos también nuestra sede. Y así con los CAT”.

Esto abre otra dimensión de la discusión: una universidad pública no solamente forma estudiantes dentro de sus campus; también tiene una responsabilidad con las comunidades y territorios donde desarrolla su actividad.

Por eso, la propuesta plantea considerar variables como cobertura, estándares de calidad nacionales e internacionales, investigación, bienestar, transformación digital, infraestructura científica, regionalización, apropiación social del conocimiento y cooperación internacional.

¿Qué cambiaría para estudiantes y universidades?

De acuerdo con el planteamiento expuesto por la Facultad, un nuevo modelo de financiación tendría que permitir que las universidades respondan de mejor manera a sus responsabilidades actuales sin que el crecimiento de la cobertura termine generando presiones sobre la calidad.

La discusión que plantea la Universidad del Tolima no busca únicamente definir cuánto dinero recibe una institución, sino qué variables deberían determinar esos recursos y qué resultados se espera que produzcan.

Como lo resume el decano:

“La universidad, pues realmente no es un gasto. La universidad es como un país, logra la sostenibilidad, la innovación y la creación de valor compartido para el desarrollo de los territorios”.

El análisis de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se suma así al debate nacional sobre el futuro de la financiación de la educación superior pública. Una discusión que involucra al Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las universidades, docentes, estudiantes y comunidades, y que plantea una pregunta de fondo: ¿cómo financiar una universidad pública que no solamente atienda a más estudiantes, sino que también produzca conocimiento, genere innovación, transforme territorios y garantice educación de calidad?

Redacción Simón González

Imagen principal: suministrada