A diez años del plebiscito que marcó uno de los momentos más decisivos del proceso de paz colombiano, la Universidad del Tolima reunió este 2 de octubre a representantes institucionales, academia, víctimas, organizaciones sociales y ciudadanía para discutir qué ha pasado con el Acuerdo Final y cuáles son los desafíos que persisten. El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, presentó cifras sobre justicia restaurativa, verdad, participación de las víctimas y procesos que actualmente avanzan en el país y en el Tolima.

El 2 de octubre de 2016, Colombia acudió a las urnas para responder una pregunta que había atravesado buena parte del debate político nacional: “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”

El resultado fue estrecho. El No obtuvo 6.431.376 votos, equivalentes al 50,21 %, mientras que el Sí alcanzó 6.377.482 votos, el 49,78 %. La diferencia fue de 53.894 votos y la participación llegó al 37,43 % del censo electoral.

Héctor Lozano, Ximena Poveda, Fernando Cruz-Artunduaga, Alejandro Ramelli Arteaga y Yamileth Miranda de izquierda a derecha.

Diez años después, la fecha volvió a ser escenario de reflexión, esta vez desde la Universidad del Tolima. El foro “Defendamos el Acuerdo; Protejamos la Paz”, organizado por el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la institución, puso sobre la mesa una pregunta distinta: qué ha ocurrido durante esta década y qué falta para que los mecanismos creados por el Acuerdo cumplan sus objetivos.

La jornada reunió a la defensora del pueblo de la Regional Tolima, Yamileth Miranda; al director del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima, Fernando Cruz-Artunduaga; a la maestrante en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto Ximena Poveda; y al magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La agenda estuvo organizada alrededor de cuatro perspectivas: la protección de los derechos humanos y las víctimas desde los territorios; la construcción de paz por medios pacíficos; la dimensión psicosocial y el reconocimiento de las víctimas; y los avances y desafíos de la justicia transicional de la JEP. La jornada cerró con un espacio de preguntas con Ramelli y la lectura de una declaración sobre la defensa del Acuerdo de Paz.

La JEP: una justicia que busca algo más que una sentencia

Durante su intervención, Ramelli explicó el modelo de justicia transicional restaurativa que desarrolla la JEP. De acuerdo con el Manual de Justicia Restaurativa de la jurisdicción, se trata de una justicia participativa y colaborativa que busca atender los daños ocasionados por el conflicto, contribuir a la reparación y dignificación de las víctimas y establecer garantías de no repetición.

La diferencia con un modelo exclusivamente penal está, entre otros aspectos, en que la JEP entiende la sentencia como una parte de un proceso más amplio. Las víctimas tienen un papel central y la justicia busca intervenir también sobre los daños ocasionados a comunidades y territorios.

Y las cifras presentadas durante el foro muestran la dimensión de ese proceso.

La JEP reportó 20.000 víctimas con representación legal, 18.000 con asesoría jurídica y 17.460 con asesoría psicojurídica.

También informó que ha cautelado más de 80 lugares de interés forense y que ha realizado la entrega digna de 296 cuerpos de víctimas de desaparición forzada a sus familias. Entre ellos se encuentran siete cuerpos recuperados en La Escombrera, después de la remoción de 63.000 metros cúbicos de tierra.

Para Ramelli, estos resultados no pueden entenderse únicamente desde una tabla estadística.

“Yo creo que más allá de las cifras y la discusión que puede haber sobre las mismas es lo intangible y es cuáles son las verdades judiciales que desconocía el país”.

¿Qué verdades han salido a la luz?

La presentación de la JEP expuso algunas de las dimensiones del conflicto que han sido documentadas durante sus investigaciones.

Entre ellas aparecen los crímenes atribuidos a los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc-EP; casos de violencia sexual utilizada como forma de castigo; más de 21.000 secuestros investigados en el Caso 01; más de 18.000 reclutamientos forzados de niños y niñas en el Caso 07; 7.837 casos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”; el genocidio contra la Unión Patriótica y crímenes contra comunidades étnicas y la naturaleza.

Según las cifras presentadas por la jurisdicción, 90 % de los crímenes permanecían en la impunidad antes de la actuación de la JEP. A su vez, el 91 % de las personas imputadas que han tenido oportunidad de reconocer responsabilidad han admitido los crímenes.

En las 437 imputaciones reportadas se han identificado 367 máximos responsables, además de documentarse patrones criminales, lógicas de la guerra y los daños causados a víctimas, comunidades y territorios.

Tolima: verdad, reconocimiento y reparación

La discusión tuvo una conexión directa con el departamento.

En el Caso 01, sobre secuestro de las Farc-EP, la JEP informó que fueron imputados 10 comparecientes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc-EP como máximos responsables de los secuestros cometidos en Tolima, Huila y Quindío.

También fueron imputados por otros hechos como asesinatos, desapariciones forzadas, esclavitud, violencia sexual, torturas y otros actos inhumanos. A nivel nacional, además, siete exjefes del Secretariado fueron imputados por los secuestros y actualmente cumplen sus sentencias.

En el Caso 07, relacionado con el reclutamiento y utilización de niñas y niños, fueron imputados dos excomandantes del Comando Conjunto Central, además de seis exjefes del Secretariado por hechos de alcance nacional.

Ramelli aseguró que la jurisdicción continuará trabajando en el departamento.

“Nosotros seguiremos trabajando por el departamento del Tolima. Hemos tenido una actividad judicial importante acá en materia de investigación de los macrocasos”.

El presidente de la JEP destacó además las acciones restaurativas desarrolladas con comunidades y organizaciones civiles, orientadas a esclarecer lo ocurrido y contribuir al restablecimiento de los derechos de las víctimas.

17 proyectos restaurativos ya certificados en Tolima

Uno de los datos más concretos expuestos durante el foro tiene que ver con los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador, TOAR.

La JEP reportó 17 TOAR certificados en seis municipios del Tolima, con participación de 15 máximos responsables. De esos proyectos, 15 son ejecutados por comparecientes de las extintas Farc-EP y dos involucran a comparecientes de las Farc-EP y miembros de la fuerza pública.

El proceso también incluye un convenio firmado en 2025 entre la JEP y la Gobernación del Tolima para implementar proyectos restaurativos con comparecientes que aporten verdad y reconozcan responsabilidad.

En Ibagué, uno de los ejemplos mencionados fue el Museo Panóptico, donde, con apoyo de la Universidad del Tolima, se desarrolló un acto restaurativo en el que comparecientes que pertenecieron al Gaula Tolima y que no fueron considerados máximos responsables en el caso de los llamados falsos positivos participaron en acciones de dignificación de la memoria de las víctimas.

Otro ejercicio de memoria se encuentra en el mural del Parque Deportivo de Ibagué, elaborado colectivamente por víctimas y comparecientes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc-EP. La obra reúne mensajes relacionados con memoria, reconciliación y no repetición.

La jurisdicción también reportó entregas dignas de personas desaparecidas. Entre los ejemplos presentados aparecen Johnn Charli Ortiz Molina, secuestrado, asesinado y desaparecido durante 21 años, y una persona identificada como ‘Jean Carlos’, reclutada forzosamente 28 años atrás.

¿Qué significa reparar?

La presentación de la JEP mostró que los proyectos restaurativos no tienen una sola forma.

Las líneas generales incluyen desminado humanitario, medio ambiente y territorio, infraestructura rural y urbana, conservación de la memoria y reparación simbólica, educación, alfabetización, capacitación y búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

También existen proyectos dirigidos a daños diferenciales relacionados con violencias sexuales y de género, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, discapacidad, pertenencia étnica y personas mayores.

En el país, la JEP reportó 303 TOAR con corte al 11 de agosto de 2026. De ellos, 80 estaban certificados y siete retirados; los proyectos certificados se habían desarrollado en 28 departamentos y aproximadamente 115 municipios.

Las sentencias también están en marcha

La presentación incluyó las sanciones restaurativas dirigidas contra siete exjefes del Secretariado de las Farc-EP por más de 21.000 secuestros y contra 12 integrantes de la fuerza pública por asesinatos y desapariciones forzadas atribuidos a agentes del Estado en la Costa Caribe.

Los 19 comparecientes tienen restricciones de derechos y libertades mientras cumplen las sanciones. Entre las condiciones se encuentran horarios establecidos, residencia en sedes territoriales determinadas para las diferentes fases de los proyectos, monitoreo mediante dispositivos electrónicos y verificación judicial.

La JEP también reportó 3.618 decisiones con efectos de sentencia, entre ellas más de 1.070 renuncias a la persecución penal emitidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y 992 amnistías concedidas por la Sala de Amnistía o Indulto.

Diez años después: una paz todavía en construcción

En la Universidad del Tolima, las intervenciones del foro coincidieron en una idea: hablar de paz diez años después del plebiscito implica hablar también de víctimas, derechos humanos, memoria, justicia y territorios.

El presidente de la JEP planteó que el momento actual es decisivo para terminar el trabajo de la jurisdicción y conocer verdades que durante años permanecieron ocultas.

“Toda sociedad tiene que conocer qué fue lo que pasó para evitar su repetición”, afirmó Ramelli.

Frente a los debates sobre el futuro de la jurisdicción, el magistrado insistió en que la discusión no debería reducirse únicamente a cifras presupuestales.

“Lo que está de por medio es la estabilidad, un acuerdo de paz y la seguridad jurídica de los comparecientes y la verdad. Entonces, pensemos realmente que detrás de todo este debate, que parece muy técnico y de cifras, hay rostros humanos”.

Ramelli también recordó que la JEP tiene un mandato constitucional de 15 años y señaló que actualmente han transcurrido cerca de nueve años desde su creación. En ese sentido, sostuvo que la jurisdicción debe completar su labor dentro del plazo establecido y aclaró que no está solicitando una prórroga.

Héctor Lozano

El foro concluyó con la lectura de la Declaración de Ibagué sobre la Defensa del Acuerdo de Paz, a cargo de Héctor Lozano, como resultado del encuentro y como expresión del compromiso de quienes participaron con el seguimiento a la implementación del Acuerdo y del Sistema Integral para la Paz.

Diez años después de aquel 2 de octubre de 2016, la discusión ya no se limita a lo que ocurrió en las urnas. También pasa por lo que ha sucedido desde entonces: las verdades conocidas, las víctimas que han recibido respuestas, los cuerpos recuperados, los responsables reconocidos, los proyectos restaurativos que avanzan y las tareas que todavía permanecen abiertas.

Redacción Simón González

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