El retiro de la candidatura de Carolina Olarte Bácares a la Corte Penal Internacional no es un hecho aislado. Ocurre mientras Estados Unidos presiona abiertamente a ese tribunal por las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y la misma semana en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un recorte de 100.000 millones de pesos respaldado por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Radio Universidad del Tolima conversó con Andrea Liliana Garzón Zuluaga, abogada, magíster en Derechos Humanos y Democratización y coordinadora del área de investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas, para entender cómo se conectan estos hechos.

Qué es la Corte Penal Internacional

La CPI es, según su propia definición, el primer tribunal penal internacional permanente del mundo. No reemplaza a la justicia de cada país: actúa como última instancia, cuando un Estado no puede o no quiere juzgar crímenes graves. Su competencia se limita a cuatro delitos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión —este último, explica Garzón, se refiere puntualmente a que un Estado ataque a otro, como el caso de Rusia contra Ucrania, y no aplica, por ejemplo, a hechos de violencia en protestas sociales dentro de un mismo país.

Antes de la CPI, cada crimen de guerra grave se juzgaba en tribunales creados después del hecho —Núremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial, luego los de la antigua Yugoslavia y Ruanda—. «Para que no hubiese duda del legítimo derecho al debido proceso, lo que se hizo fue crear un tribunal internacional con unas reglas previas y claras», dice Garzón. Esas reglas son el Estatuto de Roma, firmado en 1998 y vigente en Colombia desde 2002.

Una pieza de un rompecabezas

Carolina Olarte Bácares fue la candidata de Colombia a magistrada de la CPI desde marzo de este año, nominada por el gobierno de Gustavo Petro. Garzón subraya un punto que suele pasarse por alto: Olarte no llegó ahí por respaldo político. «No tenía relación con el gobierno de Gustavo Petro, ni siquiera la habían postulado desde esta punta como para decir que había un tema de rencillas políticas. Por el contrario, es una profesional muy conocida en el derecho que había alcanzado sola esta nominación», dice. El gobierno de De la Espriella retiró su candidatura sin explicarle por qué, y ella se enteró por un tercer Estado.

Para Garzón, ese retiro no puede leerse por fuera de lo que está pasando con la CPI a nivel internacional. Desde noviembre de 2024, el tribunal tiene órdenes de arresto vigentes contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Estados Unidos ha respondido sancionando a la fiscalía y a jueces de la Corte, y esta misma semana anunció que prepara sanciones contra la CPI como institución. «Estos magistrados, la fiscal, están en la lista Clinton por las investigaciones que se empezaron a hacer de crímenes de lesa humanidad y de guerra contra Netanyahu», dice Garzón. «Lo que uno ve es como una correspondencia con la agenda que está trazando el gobierno de Donald Trump frente a la Corte Penal Internacional.»

Garzón es cuidadosa en separar su lectura personal de lo jurídicamente cierto. Que Colombia denuncie el Estatuto de Roma —es decir, que se retire del tratado— no depende de una sola decisión presidencial: existe debate legal sobre si el presidente puede hacerlo solo o si el proceso debe pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, dado que la competencia de la CPI está reconocida en el artículo 93 de la Constitución. Y aunque Colombia se retirara mañana, aclara Garzón, los crímenes cometidos mientras el tratado estuvo vigente —desde 2002— seguirían siendo competencia de la CPI, sin límite de tiempo: «Como son crímenes que no prescriben, en cualquier momento se puede activar la competencia de la CPI.»

Lo que está en juego para Colombia

El retiro de la candidatura, dice Garzón, no tiene en sí mismo ningún efecto jurídico sobre Colombia. Lo que sí le preocupa es lo que está pasando en paralelo con la JEP. Esta semana, el gobierno respaldó una propuesta del senador Enrique Gómez para recortarle 100.000 millones de pesos al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, envió una carta a la CPI advirtiendo que el recorte compromete su independencia y las garantías de víctimas y comparecientes, y pidió que el tribunal también vigile una reforma constitucional que sometería las sentencias de la JEP a revisión de la justicia militar.

La conexión, explica Garzón, está en un acuerdo que Colombia ya tiene con la CPI. En 2021, bajo el gobierno de Iván Duque, el fiscal de la Corte cerró el examen preliminar que mantenía abierto sobre Colombia desde 2004 —centrado en crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos los falsos positivos— bajo la condición de que la JEP asumiera esa justicia. «Mientras la Jurisdicción Especial para la Paz funcione, no hay necesidad de que la CPI asuma competencia en Colombia», dice Garzón. Colombia incluso tiene, según cuenta, una oficina de la CPI dentro del propio edificio de la JEP, como parte de ese acompañamiento.

El riesgo, advierte, es que si el Estado colombiano sigue quitándole herramientas a la JEP, la CPI puede considerar que Colombia incumplió su parte del acuerdo y reabrir la investigación. Y el ejemplo que pone es directo: «Entonces sí se puede abrir investigaciones contra los falsos positivos […] ante tribunales internacionales. Ese es un efecto muy peligroso que podrían tener miembros de la Fuerza Pública.»

El balance

Al cierre de la entrevista, Garzón resume su lectura del anuncio: «No es bueno. Perdemos una gran oportunidad de tener juristas colombianos incidiendo en la CPI, conociendo de crímenes graves como los que están pasando hoy en día, en ejemplo, Palestina.» Pero insiste en no sobredimensionar el hecho puntual: el retiro de una candidatura no saca a Colombia de la Corte ni cambia por sí solo su situación jurídica. «Son piezas de un rompecabezas que uno va armando y que le van indicando cómo se puede ir perfilando la política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella frente a esa CPI.»

Redacción por Saray Moreno.